A un mes de la masacre de  Colcabamba donde 5 jóvenes deportistas fueron asesinados tras una intervención estatal, este hecho continúa generando indignación y cuestionamientos sobre el abuso de la fuerza militar en el país. Organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y especialistas exigieron una investigación transparente y sanciones para los responsables desde Huancavelica

El abogado de las víctimas, Anthony Crespo Barrionuevo, denunció graves irregularidades en las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía Provincial de Pampas y Tayacaja. Según explicó, los ocho militares involucrados fueron detenidos inicialmente, pero recuperaron su libertad luego de que la fiscalía no solicitara a tiempo la ampliación de la detención preliminar.

“El Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad. Estamos ante un posible uso desproporcionado de la fuerza y una presunta ejecución extrajudicial”, sostuvo Crespo durante el evento.

El caso ocurrió el pasado 25 de abril, cuando efectivos militares, vestidos de civil, dispararon contra una camioneta en la que viajaban ocho jóvenes. Cinco fallecieron y dos resultaron heridos. Inicialmente, el Comando Operacional del Este informó que se trató de un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico; sin embargo, las investigaciones posteriores descartaron la presencia de armas o drogas en el vehículo.

Actualmente, la investigación está a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Huancayo, que activó el Protocolo de Minnesota, mecanismo internacional utilizado para investigar posibles ejecuciones extrajudiciales.

“La vida de los peruanos en regiones parece valer menos”

Por su parte, el fiscal no ratificado José Domingo Pérez, en Huancavelica, cuestionó la lentitud y las deficiencias en la respuesta institucional frente al caso. “Pareciera que la vida no vale lo mismo para un peruano que se encuentra en Huancavelica que para alguien de la capital”, afirmó.

Pérez señaló que la falta de reacción inmediata de las autoridades refleja una crisis de legitimidad en el sistema de justicia y advirtió sobre la necesidad de investigar no solo a los autores materiales, sino también una posible cadena de mando dentro de las Fuerzas Armadas.

El exfiscal también recordó que este tipo de hechos no son aislados y deben analizarse en el contexto de otros casos de violencia estatal registrados en el país desde 2022.

“Mi hermano era deportista, no delincuente”

Elsa Bendezú, hermana de Jaime Bendezú Paraguay, una de las víctimas mortales. Entre lágrimas, relató que su hermano era deportista, danzante de tijeras y sostén económico de sus padres, ambos adultos mayores y con problemas de salud.

“Mi hermano salió a jugar deporte y nunca volvió. Lo asesinaron. Queremos justicia porque él no era delincuente”, expresó.